El objetivo del proyecto es mejorar y mejorar el marco existente para la planificación, evaluación y seguimiento de las inversiones en proyectos de TIC con vistas a un uso eficiente de las inversiones en TIC (independientemente de la fuente de inversión). El proyecto tendrá las siguientes tareas: 1. Desarrollar un marco metodológico para la gestión y utilización de las inversiones en TIC, incluida la identificación, planificación, evaluación y seguimiento de las necesidades de inversión en TIC, y preparar propuestas legislativas. — Definir el concepto de inversión en TIC, los agentes del proceso, sus derechos y obligaciones y responsabilidades, definir el concepto de inversión en TIC y las fases del ciclo de vida de los proyectos de inversión en TIC y sus procesos. Proporcionar un marco organizativo y jurídico eficaz para la identificación, planificación, evaluación y evaluación centralizadas de las necesidades de inversión en TIC. Desarrollar indicadores para la identificación, planificación, aplicación y medición de las necesidades de inversión en TIC. 2. Ampliar y desarrollar las herramientas/herramientas necesarias para gestionar los datos de inversión en TIC — planificación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión. — Poner en marcha las herramientas técnicas necesarias para la recogida y el tratamiento de datos para el seguimiento de las inversiones y los resultados en TIC mediante la modernización del ESPIS. Los medios técnicos necesarios para el rendimiento de los analistas de TIC y de IBP se especifican utilizando las herramientas del RCDI y los datos disponibles en el RCDI y utilizando el nivel de datos previsto para la ejecución del proyecto. Los grupos destinatarios del proyecto son los empleados de las instituciones públicas de gestión, es decir, las personas que trabajan en una institución presupuestaria propiedad del Estado o municipio o en una empresa estatal o municipal o en un organismo público propiedad o copropiedad del Estado o municipio o en una asociación o en una sociedad anónima o privada en la que el Estado o municipio posee más del 50 % de los votos en la junta general de accionistas autorizados por ley para participar en el proceso de gestión pública.
